Boletín 71
26 mayo 2010

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Contenido:

  • Empresas multinacionales juzgadas en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión celebrada en Madrid.

    Tribunal Permanente de los Pueblos. Mayo 2010.


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El Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión de Madrid ha considerado los casos ya presentados en las sesiones de Viena (2006) y Lima (2008), así como los casos correspondientes a nuevas denuncias, con el objetivo específico de identificar las consecuencias y corresponsabilidades jurídicas de las políticas de apoyo de la UE a las Empresas Transnacionales (ETN).
El conjunto de los casos examinados en esta sesión puede ser considerado ejemplar de la conducta de las ETN europeas y de sus prácticas de violaciones de derechos. Este tribunal constata que, a pesar de las condenas y recomendaciones hechas en la sesión de Lima, persiste un régimen reiterado de violación de los derechos fundamentales por parte de las ETN europeas en los países de América Latina. En especial se ha comprobado la responsabilidad particular de las empresas españolas, que representan más del 50% de las inversiones en América Latina.

En el conjunto de casos es posible detectar un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizadas en el comportamiento de las ETN europeas en América Latina; este régimen sigue siendo facilitado por las políticas institucionales de los bancos multilaterales de desarrollo (BID, BM, Banco Europeo de Inversiones BEI), de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, y de instituciones como la UE en sus varias articulaciones. En particular, el TPP ha constatado el papel que la UE desempeña en términos de permisividad, omisión y promoción de los intereses de sus ETN como actores principales de su expansión económica y de competitividad internacional.

Entre los instrumentos orientados al logro de la internacionalización de los intereses de la UE y de las empresas europeas, es posible destacar los acuerdos de asociación ADA, los acuerdos de promoción de inversiones y los tratados de libre comercio. Algunas políticas internas de la UE, como las directivas sobre agrocombustibles, biotecnología y propiedad intelectual, se traducen en procesos de amenaza y degradación de derechos en América Latina y en beneficios económicos para las empresas europeas en áreas como las de los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, los servicios básicos de agua y energía, los servicios financieros y los farmacéuticos.

También se ha evidenciado el relevante papel de las agencias de cooperación para el desarrollo y de los fondos de pensiones europeos en el respaldo a las agendas de interés corporativos de las ETN en América Latina, y también el de préstamos del Banco Europeo de Inversiones, orientados en más de un 90% a apoyar a las ETN.

En términos generales, se ha puesto de manifiesto que la Unión Europea ha creado un régimen jurídico internacional, a través del Tratado de Lisboa y del conjunto de reglas, normas, beneficios fiscales y directivas, para brindar un marco de legalidad en el que las ETN (incluidas las de capital publico) puedan perseguir sus fines particulares en las diversas áreas de interés estratégico como las relativas a recursos naturales, energía, comercio, servicios públicos e inversiones.

Paralelamente, la promoción del principio de responsabilidad social empresarial contribuye a dotar de una imagen de legitimidad y a cubrir con un maquillaje ético las actividades de las ETN, obstaculizando cualquier iniciativa vinculante en el cumplimiento de obligaciones relativas a los derechos humanos consagrados en la legislación internacional.

Asimismo, se ha constatado la falta de instrumentos orientados a promover la gobernanza y la justicia, como es el caso de las cláusulas democráticas en los acuerdos de asociación y los tratados de libre comercio. Esta omisión por parte de las instituciones de la Unión Europea se puede interpretar como consecuencia de una falta de voluntad política a la hora de hacer efectivos esos instrumentos, en particular cuando su aplicación afecta a las prioridades de las empresas.

A la vista de los casos examinados por el TPP, es posible identificar una estrecha relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la UE y los intereses de las ETN en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de interdependencia y tráfico de influencias entre los sectores privado y público que se concreta en la designación de cargos y en la clara existencia de “puertas giratorias”. Esta alianza se traduce en el desmentelamiento de la arquitectura institucional de los estados latinoamericanos y en el debilitamiento progresivo de los mecanismos orientados a garantizar el ejercicio de su soberanía política, económica, social y ambiental, con grave vulneración de los derechos de los pueblos en áreas como.

Las empresas multinacionales relacionadas con a salud que han sido incriminadas en esta sesión son las siguientes:

Caso
País origen empresa
País o lugar de los impactos
Sector
Juzgados en la sesión del TPP
Viena
Lima
Madrid

Bayer

Alemania

Comunidad Tauccamarca, Perú

Agroindustria, agroalimentación y agrotóxicos

X

X

X

Boehringer,
Roche

Alemania

Brasil

Farmaceútica

X

Nestlé

Suiza

Suiza

Agroindústria, agroalimentación y agrotóxicos

X

Syngenta

Suiza

Paraná, Brasil

Agroindustria, agroalimentación y agrotóxicos

X
X

Unión Europea/Empresas farmacéuticas potencialmente beneficiadas: DuPont, MerckSharp & Dohme, Sanofi-Aventis, Eli Lilly & Co., Novartis, GlaxoSmithKline, Warner Lambert, Pfizer

Varios países

Brasil, Colombia, Perú, Ecuador

Farmacéutica

X


Algunos ejemplos de los casos presentados en la sesión de Madrid: 

La responsabilidad de la multinacional alemana Bayer en la intoxicación de niños y niñas en Perú.

La multinacional alemana Bayer ha estado involucrada en la intoxicación de 44 niños y niñas de la comunidad Tauccamarca en Perú, 24 de ellos perdieron la vida. Aún así el Congreso de la República no les ha dado respuesta a su solicitud de justicia, ni tampoco han obtenido resultados en los tribunales.

La Comunidad de Tauccamarca está localizada a 3 horas de la Ciudad Imperial del Cuzco (Perú). Viven poco más de 300 habitantes. No cuentan con servicios de luz, agua y desagüe en sus casas. Impera la pobreza y sobreviven de la agricultura y la ganadería para autoconsumo.En octubre de 1999, la Comunidad es escenario de la intoxicación de 44 niños y niñas por consumir un desayuno contaminado por un plaguicida altamente tóxico, denominado Parathión etílico, que fue prohibido desde 1998. De ellos, 24 perdieron la vida y los demás han quedado con secuelas
neurológicas, entre otras afecciones.

Aunque el proceso para obtener justicia en el Congreso de la República de Perú se inició en 2001, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. A nivel judicial, se penó al profesor responsable de la escuela donde desayunaron los niños y se denunció a la Dirección General de Salud Ambiental, al Servicio Nacional de Sanidad Agraria y a la Empresa Bayer en el Séptimo Juzgado Especializado de Lima, solicitando indemnización por daños y perjuicios. Aunque en 2007 parecía que la jueza iba a citar a una Audiencia de Conciliación todavía no se ha hecho. De hecho, la empresa espera que el caso prescriba porque ha ejercido una fuerte presión para que pase al olvido.

Organización que realiza la acusación:
Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) de Perú.


La violación del derecho a la salud y a la vida en América Latina por la Unión Europea.

La sociedad civil de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, países afectados por la incautación de medicamentos genéricos en los puertos europeos, denuncia que la Unión Europea viola el derecho humano a la salud y a la vida de las poblaciones de los países afectados, mediante la creación de obstáculos, ilegítimos e ilegales, al acceso a los medicamentos genéricos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades que afectan a estas poblaciones.

La aplicación del reglamento de la Unión Europea (UE), relacionado con las medidas de frontera contra las mercancías que pueden violar los derechos de propiedad intelectual, ha permitido a las autoridades aduaneras de sus países miembros incautar los medicamentos genéricos en tránsito por los puertos europeos bajo la acusación de violación de patentes europeas. Esto ha provocado la incautación en los puertos europeos de, al menos, 18 cargas de medicamentos genéricos legítimos, provenientes, sobre todo, de la India en curso hacia países en desarrollo, en su mayoría latinoamericanos.
No obstante, los fármacos incautados estaban en perfecta conformidad con las legislaciones de los países productores/exportadores e importadores, así como con los acuerdos multilaterales que regulan el comercio internacional y la protección de la propiedad intelectual.

Las incautaciones se están realizando, por lo tanto, bajo infundadas justificaciones legales,acusando a las empresas productoras de genéricos de infringir las patentes, cuando en realidad los medicamentos estaban protegidos por patentes en los países europeos, pero no en los países de origen y destino. Como no había posibilidad de entrada de los medicamentos incautados en el mercado europeo, no hubiera existido ningún daño comercial a las empresas farmacéuticas en los países donde son reconocidas sus patentes. De esa forma, la UE está intentando imponer las
patentes de las transnacionales farmacéuticas a las legislaciones de países extranjeros en los cuales estos productos no están bajo protección de patente. Con esa actitud, la Unión Europea viola reglas internacionales para favorecer los intereses privados de sus empresas, en detrimento de los derechos humanos de las personas en los países afectados por las incautaciones.

Además la UE contribuye en la difusión de la confusión deliberada de los medicamentos falsificados y los medicamentos genéricos para apartarlos del mercado.

Por todo ello, la sociedad civil de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, países afectados por la incautación de medicamentos genéricos en los puertos europeos, denuncia que la UE viola el derecho humano a la salud y a la vida de las poblaciones de los países afectados, mediante la creación de obstáculos, ilegítimos e ilegales, al acceso a los medicamentos genéricos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades que afectan a estas poblaciones.

Organizaciones que realizan la acusación:

Acción Internacional para la Salud - Latinoamérica y Caribe, Coalición ecuatoriana de
personas viviendo con VIH/Sida, Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual/REBRIP
(Brasil), IFARMA (Colombia), Fundación Misión Salud (Colombia), Mesa de ONGs que
trabajan con VIH/Sida (Colombia), Red Colombiana de Personas viviendo con VIH/Sida.


La multinacional Syngenta contrata mercenarios para su inversión en Brasil, con la complicidad de la UE y la Organización Mundial del Comercio.

La multinacional Syngenta ha sido acusada de violar los derechos humanos en Brasil por contratar mercenarios, contaminar la tierra con agrotóxicos, criminalizar la protesta social y contaminar la agro-biodiversidad con sus semillas transgénicas, entre otros impactos.

Syngenta produce, distribuye e incentiva la utilización de semillas transgénicas y agrotóxicos.
Además actúa para privatizar el derecho al libre uso de la agrobiodiversidad, de esta manera puede tener el monopolio comercial de la producción agrícola en el mundo. La transnacional, a través de sus predecesoras Novartis y Zêneca, actúa en Brasil desde el 1970.

El maíz transgénico de Syngenta (Bt 11) fue aprobado en Brasil en 2007 para su producción, comercialización y consumo, sin tener en cuenta sus impactos, la contaminación genética, la violación de los derechos de los campesinos a la libre opción de su sistema productivo y tecnológico, y el derecho de los consumidores a estar informados sobre el origen del producto.
También supone un daño irreversible a la diversidad biológica del país. Todo esto se ha llevado a cabo por el lobby realizado por la multinacional, ya que no se hicieron estudios sobre la contaminación genética en el maíz convencional, ni sobre efectos de la polinización en otras variedades de maíz transgénico, entre otros estudios. Por lo tanto, no cumple el principio de precaución establecido en Brasil.

Los principales impactos medioambientales del uso intensivo de agrotóxicos son la contaminación de las aguas, la tierra y el aire. Tanto la contaminación genética como sobre el medio ambiente atenta contra los derechos de los agricultores y campesinos, contra la cultura de los pueblos tradicionales e indígenas. Los campesinos tienen derecho a una agricultura libre de transgénicos, a la diversidad biológica, alimenticia y nutricional, así como a la desconcentración agraria y tecnológica.
La UE y la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen responsabilidad directa y complicidad en los casos denunciados de violaciones de los derechos humanos.

En el caso de la UE es consumidora de los productos transgénicos producidos en la América Latina y lleva a cabo políticas que favorecen el poder de las transnacionales del sector de la biotecnología.

En el caso de la OMC esuna institución clave en la imposición de acuerdos internacionales sobre patentes. Brasil, por su parte ha apoyado legalmente los intereses de las compañías transnacionales del sector, además de
limitar a los campesinos el derecho de utilizar, guardar, cambiar, vender semillas y otros materiales de reproducción.
En este caso concreto seria muy importante un fallo especifico del tribunal, analizando los puntos presentados y dando su veredicto popular acerca del tema. Este fallo puede ser llevado a Brasil, donde será utilizado en los procesos de lucha que están en marcha.

Organizaciones que realizan la acusación:

Terra de Direitos y Sindicato de Trabalhadores Rurais de Anchieta (Brasil).


Nestlé espió mediante una empresa de seguridad privada al grupo de Attac en Suiza, que preparaba un libro sobre sus impactos.

Nestlé informó en la primavera de 2003 a la policía cantonal de Suiza sobre el hecho de que había infiltrado organizaciones altermundialistas, pocas semanas antes de la cumbre del G8 en Evian.

Securitas, la mayor empresa de vigilancia del país, envió a una de sus agentes al grupo de trabajo “Globalización y Multinacionales” de Attac en el cantón de Vaud, que estaba preparando un libro de denuncia de Nestlé. Esta agente asistió a todas las reuniones del grupo entre la primavera de 2003 y junio de 2004. En enero de 2005 fue enviada otra espía de Securitas, que no abandonó el grupo de Attac hasta septiembre de 2008, cuando fue descubierta, después de que la infiltración se destapara en un programa de la televisión suiza.

El espionaje se dio en plena lucha contra la privatización y sobre-explotación del agua y la violación de derechos sindicales y laborales por parte de Nestlé. En el año 2000 y 2001, Attac Neuchâtel con una movilización ciudadana logró impedir que Nestlé recibiera una concesión para embotellar el agua del pueblo de Bevaix. A partir de 2002, Attac apoyó la lucha del movimiento ciudadano contra la producción de Pure Life por la sobre-explotación del Parque de Aguas de la ciudad de São Lourenço, Brasil.

Encargando a Securitas la infiltración y la procuración de informaciones sobre personas activas en la organización Attac así como sobre los contenidos de sus reuniones, Nestlé violó de forma ilegal la privacidad de las personas presentes. Pero también se ven afectadas las personas dentro y fuera del país con quienes colaboraba el grupo de trabajo de Attac Vaud. En el caso de que se hubieran filtrado, por ejemplo, datos sobre activistas contra Nestlé en Colombia, esta información supondría una sentencia de muerte, dada la impunidad con la que los paramilitares vienen asesinando a los dirigentes sindicales y elementos “molestos” a las transnacionales.

Se acusa de complicidad la policía del cantón de Vaud, que estaba informada sobre infiltraciones, pero no tomó ninguna medida. Se acusa de impunidad al sistema judicial del cantón de Vaud, que archivó la queja penal, después de una investigación judicial que dejó muchas preguntas sin respuestas y aceptó varias contradicciones sin comentario.

Organización que realiza la acusación:
ATTAC Vaud/Multiwatch.

Fuentes:

 

 



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